«La obligación moral de resistir».

Ese es el mensaje que Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de la campaña de María Corina Machado y Edmundo González para las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio, tiene fijado en su perfil de X.

Acudieron a la embajada el 20 de marzo, después de que la Fiscalía de Venezuela, afín al gobierno, los acusara de delitos como «conspiración» y «traición a la patria».

Argentina admitió en un comunicado haberlos acogido «con el respaldo de la inviolabilidad consagrada en la Convención de Viena, de la cual ambas naciones, Argentina y Venezuela, son signatarias».

Desde agosto, sin embargo, la embajada está bajo la protección de Brasil después de que el gobierno de Nicolás Maduro revocara a los diplomáticos argentinos la autorización de permanecer en el país. Las autoridades alegan que desde la sede diplomática se planificaron supuestos actos terroristas por parte de los asilados.

En estos 9 meses, la oposición venezolana y los mismos asilados en la embajada han denunciado el asedio a la sede diplomática de diversas formas.

Desde hace unas semanas denuncian que están sin suministro eléctrico y, por tanto, sin agua.

Centenares de personas han sido detenidas antes y después de las elecciones de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), con una mayoría de miembros nombrados por el oficialismo, dio por ganador a Maduro sin mostrar resultados.

La oposición denunció fraude tras publicar más del 80% de las actas, que evidenciaban un claro triunfo de González.

El candidato tuvo que salir del país y está ahora en España.

María Corina Machado, líder de la oposición que fue inhabilitada para las elecciones, está en la clandestinidad.

Como otros muchos más, ambos están acusados de «traición a la patria», entre otros delitos.

Seis de esos opositores acusados siguen refugiados en la embajada argentina sin saber cuánto más podrán resistir.

EPA | Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Magalli Meda dentro de la embajada de Argentina, bajo la protección de Brasil

«Actos para desestabilizar al gobierno»

Quienes comparten refugio junto a Pedro Urruchurtu son Magalli Meda, directora de campaña de la líder opositora María Corina Machado; Omar González, Claudia Macero y Humberto Villalobos, colaboradores del partido Vente Venezuela, que lidera Machado; Fernando Martínez Mottola, exministro y asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

«Es una situación estresante, agobiante. Obviamente luego de 9 meses y en particular luego de estas 3 semanas (sin luz), hay un desgaste emocional. Es natural con la lejanía de la familia, las fechas en las que estamos, las presiones que hay y las amenazas», dijo Pedro Urruchurtu en declaración a medios.

Eugenia Olavarría Meda, que vive en España, es la hija de Magalli Meda. Ella se enteró de la situación de su madre por una amiga, cuando Magalli ya estaba a resguardo.

«Las amenazas llevaban tiempo siendo rumores, desde diciembre de 2023. Hasta que se materializaron, fueron una realidad», contó a BBC Mundo por teléfono desde España.

La Fiscalía General de Venezuela emitió en marzo una orden de aprehensión contra todos ellos. Los señalaba de estar vinculados con presuntos actos de violencia para desestabilizar al gobierno.

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que estaban involucrados en una trama conspirativa que incluía asaltos a cuarteles militares y manifestaciones, entre otras acciones violentas.

Cortesía/BBC Mundo | De izquierda a derecha: Fernando Martínez Mottola, Omar González, Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero y Humberto Villalobos

A lo largo de 2024 y, especialmente tras las elecciones del 28 de julio, el gobierno de Venezuela detuvo a centenares de personas. A principios de agosto, Maduro afirmó que había «2.229 terroristas capturados». En el último informe de Foro Penal, esta ONG hablaba de 1.903 personas «presas por razones políticas».

Eugenia Olavarría dice que estaba mentalmente preparada para que su madre tuviera que buscar refugio, pero no para «el primer asedio, el 29 de julio, cuando rodearon la embajada».

Fue después de las elecciones, cuando el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro sin presentar las actas que mostraran los resultados, algo que la oposición y parte de la comunidad internacional califican como fraudulento.

La embajada estuvo sin agua, sin servicio eléctrico y rodeada de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Además, esa noche, intentaron entrar al inmueble sin éxito.

«Estamos sin electricidad desde el 23 de noviembre, vimos que hubo despliegue para eso y no hubo ningún aviso. Vino un vehículo de Corpoelec, la empresa del Estado en materia eléctrica, y sencillamente se lleva los fusibles. Una empresa estatal se presta para asediar y quitarle servicios a una embajada. Creo que es la mayor evidencia de la violación de la Convención de Viena», explicó Urruchurtu.

Getty Images | Patrulla del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en la puerta de la embajada de Argentina en Caracas

La cancillería argentina denunció «el hostigamiento» del que fue objeto su sede diplomática. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano indicó que esto obedecía a «las injerencistas acciones» del gobierno del presidente argentino Javier Milei a la hora «de desconocer los resultados electorales»