El gobierno de Estados Unidos deportó en marzo hacia El Salvador a más de 250 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, bajo acusaciones de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, una investigación de Bloomberg News reveló que solo una pequeña fracción de estas personas tiene acusaciones de delitos graves en territorio estadounidense.

De acuerdo con los documentos legales revisados por Bloomberg, apenas 5 de los 238 deportados —la mayoría detenidos en operativos encabezados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas— enfrentaban cargos o condenas por delitos como agresión grave o posesión ilegal de armas. A otros 3 los acusaron de delitos menores, como acoso o hurto menor, y 2 más por tráfico de personas. Pero del resto no se hallaron registros de crímenes más allá de infracciones migratorias o de tránsito.

Los análisis señalan que cerca de 90% de los expulsados son inocentes de cometer crímenes.

Para Trump, son “lo peor de lo peor”

Pese a ello, funcionarios de la administración de Donald Trump los han descrito públicamente como “lo peor de lo peor”, y han sugerido que todos están involucrados en asesinatos, violaciones o secuestros. Estas declaraciones, indicó la agencia de noticias, contrastan con la información obtenida, que pone en duda la justificación para su traslado a una cárcel de máxima seguridad.

A los migrantes los enviaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión emblema del gobierno del presidente Nayib Bukele, sin que sus familias ni abogados hayan tenido comunicación con ellos desde su llegada. Así lo denunció la organización humanitaria Cristosal en un informe divulgado esta semana.

Según el análisis preliminar de Cristosal, basado en 94 casos —93 venezolanos y 1 salvadoreño—, al menos 47% de los deportados a El Salvador tenía estatus de asilo o un proceso de solicitud abierto, mientras que solo 17% se encontraba en situación migratoria irregular, reseñó EFE. Además, 46% de las personas fue deportada sin recibir información previa a su traslado.

Venezolanos deportados a El Salvador: cuestionan la falta de transparencia

Uno de los puntos más alarmantes del informe es la falta de transparencia tanto del gobierno estadounidense como del salvadoreño. Ninguno ha publicado un listado completo de las personas afectadas ni ha proporcionado detalles sobre su situación actual.

Cristosal subrayó que en ningún caso reportado los familiares o defensores legales han logrado establecer contacto con los detenidos tras la deportación.

La organización también advirtió que a muchos de los migrantes los vincularon con el Tren de Aragua solo por tener tatuajes visibles, una práctica ampliamente cuestionada por defensores de derechos humanos. En muchos casos, no se presentaron evidencias que vincularan a estas personas con actividades criminales.

Fuente: Bloomberg