La subasta de Citgo la decidió el juez Leonard Stark en agosto de 2018. El tren del embargo tuvo algunas paradas, pero finalmente siguió su curso y el próximo 11 de junio se cierra la oportunidad para que se presenten postores.

La fila para cobrar indemnizaciones con la subasta de las acciones de Citgo, el activo externo más valioso que tiene Venezuela, es larga y diversa, pero un sector en particular resalta y está en el origen de todo el proceso judicial: la minería.

Crystallex será la primera empresa en cobrar si se concreta en los próximos meses el remate de la subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos. La minera canadiense demostró en 2018 que el estado venezolano y la petrolera estatal venezolana eran lo mismo (alter ego) y que por eso sus activos eran susceptibles de embargo.

No fue sino hasta 2023 cuando otras dos empresas mineras lograron entrar en la lista tras apegarse al mismo criterio jurídico, pero con el argumento de que, así como el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el mandato interino de Juan Guaidó, también había administrado indistintamente el gobierno y la empresa estatal.

Se trata de Rusoro y de Gold Reserve, las cuales, según la lista elaborada por el encargado de la subasta, tienen respectivamente los turnos 8 y 11 para cobrar.

Cada una de estas tres empresas tiene un recorrido particular en su disputa con el Estado venezolano por la expropiación de sus activos en Venezuela, pero coinciden en que todas ganaron el caso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que negociaron un pago con el gobierno de Maduro y que por distintas razones el dinero nunca les terminó de llegar por lo que buscan ahora obtenerlo del remate de Citgo.

Los saldos restantes en cada caso (con intereses a febrero) son de US$995 millones de Crystallex, US$1.496 millones de Rusoro y U$1.068 millones de Gold Reserve, para un total de US$3.559 millones, de acuerdo con el más reciente documento del encargado de ejecutar la subasta.

Estas cuentas pendientes son solo una parte del enorme peso financiero y social que generaron las expropiaciones ejecutadas durante el mandato de Hugo Chávez en prácticamente todos los sectores de la economía y que no cumplieron con los objetivos que pretendían.

Crystallex abrió la caja de pandora

La subasta de Citgo la decidió el juez Leonard Stark en agosto de 2018, en estos seis años de litigio, apelaciones, cambios de gobierno y sanciones, el tren del embargo tuvo algunas paradas, pero finalmente siguió su curso y el próximo 11 de junio se cierra la oportunidad para que se presenten postores.

Si el cronograma se cumple, el 15 de julio (13 días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela) se escuchará el nombre o los nombres de los ganadores de la puja.

La Corte del Distrito de Delaware estableció un orden para cobrar y 17 empresas están en fila detrás de Crystallex que espera por sus US$1.040 millones.

En 2008, el gobierno de Chávez le negó los permisos ambientales para la explotación minera de Las Cristinas en el estado Bolívar, debido a inquietudes en torno del medioambiente y de la población indígena de la Reserva Forestal Imataca.

“Las Cristinas, esa mina es venezolana y la habían entregado a unas transnacionales, anuncio al mundo que la recuperó el gobierno revolucionario, así como la mina Las Brisas, esos recursos minerales son para los venezolanos, no para las transnacionales”, dijo Chávez en 2010 desde Bielorrusia y Crystallex ya anticipaba el rumbo que tomaría su caso.

La empresa mantuvo conversaciones con el gobierno venezolano, pero en 2011 les rescindieron el contrato para operar y ese mismo año acudió al CIADI. La decisión de su triunfo en el arbitraje se conoció en 2016 y se le concedió una indemnización por un monto de US$1.400 millones, más intereses.

En 2016, el gobierno de Maduro estaba desesperado por conseguir dólares ante la caída de los precios del petróleo y la cercanía del vencimiento de los bonos Pdvsa 2017, lo obligó a lanzar un canje de esos papeles por otros con vencimiento en 2020.

Para convencer a los tenedores tuvo que poner como garantía el 51% de las acciones de Citgo y ahora la empresa estaba empeñada (porque el restante paquete accionario era la garantía de un préstamo con Rosneft acordado ese mismo año) y en peligro de embargo.

En 2017 Crystallex recurrió a la Justicia estadounidense para procurar su indemnización y en agosto de 2018 el juez Stark le dio la razón, al considerar que demostraron que el gobierno de Chávez y luego el de Maduro eran el alter ego de PDVSA y por tanto la estatal petrolera debía responder por las deudas del Estado venezolano con sus activos en el exterior.

El gobierno seguía maniobrando: acordó iniciar los pagos a la minera canadiense y el proceso judicial quedó latente. A finales de 2018, mientras la pobreza por ingresos en el país trepaba a 91% en medio de la hiperinflación, Maduro pagó US$500 millones y Citgo, por ahora, estaba a salvo.

Las turbulencias políticas de 2019, las sanciones estadounidenses y la falta de fondos complicaron el escenario y Crystallex regresó a la corte a insistir en su reclamo porque el resto del dinero nunca llegó.