El secretario de Estado Marco Rubio y el enviado estadounidense a Venezuela trabajaban en acuerdos diferentes y terminaron enfrentados.
Frances RoblesJulie Turkewitz y Zolan Kanno-Youngs
Frances Robles reportó desde Florida, Julie Turkewitz desde Bogotá, Colombia, y Zolan Kanno-Youngs desde Washington.

El principal diplomático del gobierno de Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, estaba supervisando un acuerdo para liberar a varios estadounidenses y a decenas de presos políticos recluidos en Venezuela, a cambio de enviar a ese país a unos 250 migrantes venezolanos que Estados Unidos deportó a El Salvador.
Pero el acuerdo nunca se concretó.
En parte, la propuesta no se logró porque el enviado del presidente Trump a Venezuela estaba trabajando en su propio acuerdo, con unas condiciones que Venezuela consideraba más atractivas. A cambio de los presos estadounidenses, ofrecía permitir que Chevron continuara sus operaciones petroleras en Venezuela, una fuente vital de ingresos para el gobierno de Caracas, esta última razón disgusta a Marco Rubio.
Las conversaciones, que incluían la liberación de unos 80 presos políticos venezolanos, y los dos acuerdos diferentes fueron descritos por dos funcionarios estadounidenses y otras dos personas familiarizadas con las conversaciones y que solicitaron el anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto.
El Departamento de Estado nunca cerró el trato. Los altos funcionarios estadounidenses no parecían comunicarse entre sí y terminaron enfrentados. Las aproximadamente 250 personas expulsadas de Estados Unidos siguen recluidas en una prisión de máxima seguridad de El Salvador. Y quedó claro que, aunque la Casa Blanca de Trump dijo que no tenía ningún control sobre los detenidos en El Salvador, estaba dispuesta a utilizarlos como moneda de cambio.
Ambas vías estadounidenses —una gestionada por Rubio y la otra dirigida por el enviado, Richard Grenell— implicaban hablar con el mismo representante venezolano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, según dijo un funcionario estadounidense y las otras dos personas.
Los esfuerzos diplomáticos contradictorios pusieron de manifiesto una división sobre cómo abordar el tema de Venezuela y se asemejaron al caos que caracterizó al primer mandato de Trump, cuando funcionarios rivales se disputaban la influencia con el presidente. Pero la falta de coordinación dejó a los funcionarios venezolanos sin saber quién hablaba en nombre de Trump y, en última instancia, dejó encarcelados tanto a los estadounidenses como a los venezolanos.
La oferta de intercambiar migrantes venezolanos en El Salvador por prisioneros sigue sobre la mesa, dijo uno de los funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca no está dispuesta, por ahora, a prorrogar la licencia de Chevron en Venezuela.
Grenell declinó una solicitud de entrevista, pero dijo en un correo electrónico que la información de The New York Times sobre los acuerdos era falsa.
Una persona cercana a Grenell, conocedora de las conversaciones con Venezuela, dijo que él no creía que fuera a producirse un canje que implicara a los migrantes venezolanos porque creía que Trump nunca habría autorizado la liberación de los miembros de pandillas con acusaciones. La persona habló bajo condición de anonimato para proteger la naturaleza sensible de las negociaciones en curso.
Los colaboradores de Trump dijeron que no había tensión entre ninguno de los diplomáticos.
“No hay fracciones ni divisiones”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “El presidente tiene un solo equipo, y todos saben que él es quien toma las decisiones en última instancia”.
El gran negocio de Bukele
Estados Unidos está pagando millones de dólares al gobierno salvadoreño para detener a migrantes que, según el gobierno de Trump, son miembros de una pandilla venezolana, el Tren de Aragua, y de quienes dijo que fueron a Estados Unidos para cometer delitos.
Pero el gobierno de Trump ha aportado pocas pruebas de que los hombres sean miembros de las organizaciones delictivas, y sus abogados sostienen que sus detenciones son ilegales y se produjeron sin las debidas garantías procesales.
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