«Fuimos recibidos en una reunión de confidencialidad a favor de las víctimas, donde se nos confirmó que la Fiscalía y la CPI continúan avanzando en sus investigaciones. Se nos reconoció nuestro reclamo legítimo. Se nos confirmó que seremos incorporados a canales existentes, además de a miembros de la sociedad civil para garantizar que las voces de todas las víctimas sean escuchadas y consideradas en este proceso trascendental en la historia de nuestro país», explicaron en un comunicado.

En este sentido, destacaron una nueva etapa de lucha. «Este no es el final de nuestra lucha, sino un nuevo capítulo donde seguimos vigilantes y activos para que lo que hoy se nos ha prometido se convierta en hechos reales».

“Levantamos la huelga de hambre, pero mantendremos la lucha hasta lograr que se haga justicia con los venezolanos detenidos”, añadieron los activistas.

El documento aceptado por la CPI exigía entre otras cosas celeridad en la investigación del caso Venezuela I, iniciada por el tribunal en noviembre de 2021, por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país desde el 2014.

Además, el texto pedía que el organismo escuchara las voces de víctimas y familiares que no han tenido la oportunidad de declarar sobre sus casos.