El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha reforzado sus estrategias para aplicar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Acción y Prevención 2024-2026.

Como parte de esta iniciativa, la Sala de Casación Penal, en conjunto con la Inspectoría General de Tribunales, emprenderá una revisión exhaustiva y ordenada de todos los expedientes judiciales vinculados a este tipo de delitos, buscando identificar antecedentes y patrones relevantes.

Esta determinación surgió de una mesa de trabajo celebrada este lunes, presidida por Caryslia Rodríguez, la máxima autoridad del Supremo. Durante el encuentro, el principal órgano rector de la justicia en el país precisó que la verificación de los archivos se extenderá a los tribunales de todas las regiones, cumpliendo así con los compromisos establecidos en el plan nacional para optimizar la lucha contra estas actividades ilícitas.

Además, el TSJ comunicó a través de sus redes sociales que en dicha reunión se establecieron las directrices que guiarán el cronograma de actividades planificado para el último trimestre de 2025. El propósito fundamental de estas acciones es fortalecer los mecanismos judiciales en el ámbito penal, poniendo un énfasis particular en los crímenes contemplados en la legislación mencionada, con el fin de asegurar una aplicación más efectiva y rigurosa de la justicia.