La situación del cobro de alquileres en Venezuela continúa generando debate y denuncias, en un contexto económico marcado por la alta inflación y la depreciación del bolívar. Muchos propietarios e inmobiliarias prefieren pactar los contratos de alquiler en dólares como mecanismo para preservar el valor real de sus ingresos, mientras que los inquilinos frecuentemente demandan pagar en bolívares, la moneda de curso legal en el país.

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Legalmente, la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda establece un marco general para la relación entre arrendadores y arrendatarios, con énfasis en la función social de la vivienda. Sin embargo, en la práctica hay bastante flexibilidad para que los contratos se acuerden en dólares, siempre y cuando se especifique claramente en el documento el monto, la forma de pago y el tipo de cambio que se usará en caso de pagos en bolívares. El Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado la validez de contratos de arrendamiento en dólares, incluso para locales comerciales, con la condición de que el pago pueda hacerse en bolívares al tipo de cambio oficial.

Esta dinámica ha provocado frecuentes conflictos entre las partes involucradas. Varios reportes y análisis del sector inmobiliario en 2025 han reflejadolo, señalando que la exigencia de pagar en dólares, sin ofrecer la opción efectiva de cancelar en bolívares, ha motivado denuncias por cobros abusivos. Asimismo, la falta de contratos claros y formalizados contribuye a la complejidad de estas disputas.

De acuerdo con Fernando Di Gerónimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, el mercado inmobiliario mostró un leve repunte en los precios de alquiler, con promedios que oscilan entre 150 y 800 dólares mensuales en la capital, dependiendo de la zona y condiciones del inmueble. Según Di Gerónimo, uno de los factores que ha facilitado estas operaciones es la mayor confianza en las verificaciones de los futuros inquilinos para asegurar su capacidad de pago.

La legislación vigente contempla que el arrendatario debe tener la opción de pagar en bolívares, calculados al tipo de cambio oficial vigente al momento del pago. No obstante, esta condición no siempre se cumple en la práctica, lo que genera tensiones y reclamos. La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda también protege el derecho del inquilino a un contrato escrito y público, y establece prohibiciones contra cobros excesivos o prácticas discriminatorias.

Entre las propuestas en el sector inmobiliario para mejorar el marco legal figura la actualización de artículos de la Ley de Arrendamiento para equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, buscando atender problemas de impagos y obligaciones de mantenimiento de bienes comunes como condominios.

El escenario actual refleja la necesidad de diálogo y cumplimiento detallado de las normativas para hacer frente a uno de los temas más delicados y polémicos en el ramo inmobiliario de Venezuela.