El Decreto de Nacionalización Petrolera en Venezuela se formalizó con la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, sancionada en agosto de 1975 y promulgada por el presidente Carlos Andrés Pérez el 29 de agosto, entrando en vigencia el 1 de enero de 1976, fecha en que las operaciones pasaron a manos del Estado venezolano, creando a PDVSA (Petróleos de Venezuela) y a sus filiales (Lagoven, Maraven, Corpoven) para gestionar la industria, marcando un hito histórico en la toma de control nacional de los recursos petroleros.

Vale decir, que el Presidente Donald Trump y su principal asesor Stephen Miller, ignoran, desconocen o asumen la vocería de las  empresas petroleras  Exxon Mobil y ConocoPhillips, por puro interés financiero, empresas que reclaman que fueron expropiadas injustamente por el gobierno del Presidente Hugo Rafael Chavez Frías, durante la declaración de empresas mixtas para producir petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde otras empresas si aceptaron el porcentaje que establece el Estado venezolano  esto responde y tira por el suelo  la imbecil, insensata e imperialista declaración de Stephen Miller quien asegura que dichos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas. El principal asesor de Trump, Stephen Miller, afirmó que el chavismo expropió las compañías petroleras estadounidenses y utilizó ese dinero para financiar el terrorismo. “El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas”, afirmó.

Cipriano Castro, en 1904, reforma el Código de Minas , el cual introdujo por primera vez el petróleo en el ordenamiento jurídico venezolano.

El Reglamento (1918) y la primera Ley de Hidrocarburos (1920) y sus posteriores reformas, elaborada por Gumersindo Torres, ministro de Fomento del Gral. Juan Vicente Gómez.
El Programa de Febrero de 1936, formulado por el presidente de la transición democrática, Eleazar López Contreras, quien dio resolución satisfactoria a la histórica huelga petrolera y suspendió temporalmente el otorgamiento de concesiones.
La Ley de Impuesto sobre la Renta de 1942 y la emblemática Ley de Hidrocarburos de 1943, promulgada por el presidente Isaías Medina Angarita (1941 – 1945).
La Ley de Minas de 1945, cuyo ponente fue Manuel R. Egaña, exministro de Fomento.
La instauración del esquema 50/50 (fifty – fifty) para la distribución de los ingresos brutos del petróleo entre el Estado y las empresas concesionarias, durante las presidencias de Rómulo Betancourt (Decreto) y Rómulo Galllegos (Ley) – (1945 – 1948).
La construcción de las refinerías de Cardón y Amuay en  los años 40 y 50.
La política de no más concesiones (1945, restablecida en 1959).
El proceso de venezolanización de los recursos humanos iniciado por la empresa Shell de Venezuela en 1954, seguido por las demás compañías concesionarias.
La fundación de la primera empresa privada nacional de grasas y aceites lubricantes (Venoco, 1956), por el empresario e ingeniero Julio Sosa Rodríguez.
El empuje a la venezolanización impartido por el Colegio de Ingenieros de Venezuela a partir de la restauración democrática del 23 de enero de 1958.
La creación de la Corporación Venezolana del Petróleo – CVP, de la Comisión Coordinadora de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y la fundación de la OPEP por el presidente Rómulo Betancourt y su ministro Juan Pablo Pérez Alfonzo (1959 – 1963; el Pentágono Petrolero).
La creación de las primeras empresas mixtas químicas y petroquímicas y la fijación bilateral de los precios referenciales de exportación (1966) durante la presidencia de Raúl Leoni (1964 – 1969).
La fijación unilateral de precios de referencia fiscal en 1970 por iniciativa del diputado Arturo Hernández Grisanti, bajo la presidencia de Rafael Caldera (1969 – 1974).
La Ley de Reversión Petrolera (1971), por iniciativa del diputado Álvaro Silva Calderón.
La Ley que establece el Fondo destinado a la investigación en materia de Hidrocarburos y Formación del Personal Técnico para la Industria de dichas Sustancias (FONINVES – 1972).
La Ley que Reserva al Estado de la Industria del Gas Natural (1972),
La Ley que Reserva al Estado el Mercado Interno de los Hidrocarburos (1973)
De manera que la nacionalización no fue nunca un hecho improvisado, aislado, casuístico o desordenado, sino una decisión consciente, responsable y largamente meditada, forjada a lo largo de varias décadas dentro de un proceso de maduración institucional, técnica y profesional, el cual fue parte integral de la instauración de un régimen democrático en Venezuela y la desaparición de la Venezuela rural de caudillos y asonadas militares que tanto daño infringieron al papis durante el siglo XIX y primeros años del XX (el autor tiene consciencia de la diferenciación entre nacionalización y estatización; pero no ahondaremos en este tema, por lo pronto).

En diversas ocasiones escuchamos señalar a líderes políticos y legisladores prestigiosos de diversos partidos, que si en algún campo de la gestión pública Venezuela contó con una Política de Estado, que trascendió gobiernos y superó extremismos ideológicos, fue en el área petrolera. Los estadistas venezolanos no escogieron nacionalizar la industria, como lo hicieron México (1938) e Irán (1951), sino llevar a efecto un proceso gradual y progresivo de pequeños avances en la ruta hacia el control nacional de su primera riqueza y el dominio industrial de la gerencia y la operación del negocio de los hidrocarburos.

Para el momento en que se promulgó la Ley de Nacionalización y se fundó PDVSA, Venezuela estaba madura para acometer exitosamente tamaña responsabilidad. Si bien eventos geopolíticos, como la Guerra del Yom Kippur en 1973 o las condiciones auspiciosas del mercado petrolero internacional, facilitaron o aceleraron el proceso, lo cierto es que en aquel entonces tenía poco sentido esperar el año 1983 para la extinción de las concesiones petroleras otorgadas conforme a la Ley de Hidrocarburos de 1943, así como las concedidas por el Gral. Marcos Pérez Jiménez (1956 y 1957).

Se estima que alrededor del 98% del personal directivo, profesional, técnico y obrero de la industria ya era venezolano, y el 2% restante, casi en su totalidad, ya había echado raíces en Venezuela. Una minúscula cantidad de expatriados regresó a sus países de origen. Y, aunque podría ser polémica la siguiente afirmación, debemos reconocer que mediante sus políticas corporativas de venezolanización, fueron las propias transnacionales petroleras las que reclutaron, entrenaron y desarrollaron el capital humano que, mediante altos estándares de formación técnica y competencias gerenciales y operacionales, pudieron asumir la dirección de la industria a todos los niveles jerárquicos, desde los obreros hasta los presidentes de empresa y sus juntas directivas.

La designación de un gerente público de aquilatados méritos profesionales y éticos en la presidencia de PDVSA, como el Gral. Rafael Alfonzo Ravard (artífice del desarrollo de las empresas mineras de Guayana desde los años 50), no solamente tranquilizó a quienes, con comprensible razón, advertían temores sobre la posible politización de la industria nacionalizada, sino que su nombramiento constituyó un claro e inequívoco mensaje a la comunidad internacional y a los mercados internacionales de capital, de que Venezuela mantendría lo que el Gral. Alfonzo denominó “continuidad operativa,” preservando el capital social de su principal industria y manteniendo los mismos criterios de gerencia técnica y profesional con los cuales las exconcesionarias gestionaron el negocio de los hidrocarburos.

No menos calificaciones poseían los demás miembros del directorio fundacional: Benito Raúl Losada, Julio Sosa Rodríguez, Carlos Guillermo Rangel, Julio César Arreaza, Alirio Parra, José Rafael Domínguez, José Domingo Casanova, Edgar Leal, Gustavo Coronel, Luis Plaz Bruzual y José Martorano Batisti, además de los líderes sindicales Manuel Peñalver y Raúl Henríquez. El jurista Andrés Aguilar, ex ministro de Justicia y más tarde magistrado de la Corte Internacional de La Haya, fue el primer consultor jurídico, y Pablo Reimpell, el coordinador de Finanzas.

LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS NUNCA DEJARON DE INVERTIR

Se ha sostenido con insistencia que la política de no más concesiones reimplantada por Betancourt y Pérez Alfonzo en su segundo mandato (1959 – 1964) y seguida por sus sucesores Raúl Leoni (1964 – 1969) y Rafael Caldera (1969 – 1974), dio lugar a un proceso de desinversión irreversible. Sin entrar a juzgar la justificación de dicha política (preservar las bajas reservas probadas de petróleo para futuras generaciones e inducir a las empresas concesionarias a invertir en las amplias áreas geológicas ya asignadas), la realidad demuestra que las empresas petroleras internacionales nunca dejaron de invertir. Desaceleraron sus inversiones; pero no las detuvieron, prácticamente hasta que tuvo lugar la promulgación de la Ley de Nacionalización en 1975.

El ejemplo más ilustrativo es que La producción de petróleo crudo no dejó de subir durante los períodos constitucionales de Betancourt, Leoni y Caldera. La seguridad jurídica garantizada por el Estado a las empresas concesionarias fue clave en el mantenimiento, aunque menor en montos, de los desembolsos por inversión. Mencionemos sólo algunos ejemplos: hubo varios descubrimientos de campos gigantes, como Lamar en el Campo Costanero Bolívar del Zulia y Morichal en Monagas, ambos descubiertos por la empresa Phillips. Shell incrementó la perforación de pozos por recuperación secundaria y creó Shell Química de Venezuela, incursionando en la industria petroquímica. Mobil puso en operación la nueva refinería El Palito en Morón, Estado Carabobo (Grisanti (2020): Los 60 años de la CVP, La CVP gasificó el país (1964 – 1969), La CVP en la Faja del Orinoco (1969 – 1974), Petroguía, 16.05.20, 27.05.20 y 15.06.20, respectivamente).

Durante el mandato del presidente Leoni, las empresas concesionarias realizaron hallazgos geológicos de relevancia: un nuevo campo de Shell en Lagunillas, el campo Bombal en Delta Amacuro (Texas), el pozo Páez – 4 en Barinas (Varco), en tanto que Signa halló petróleo en Campo Centro en el Estado Zulia. En paralelo, el Congreso Nacional sancionó una reforma de la Ley de Hidrocarburos que facultó al Ejecutivo Nacional a negociar y suscribir contratos de servicio con las empresas concesionarias bajo términos y condiciones mejores que las entonces vigentes concesiones. La firma de varios de ellos fue evidencia de que los inversionistas confiaban en la seguridad jurídica que ofrecía Venezuela, aun cuando los éxitos exploratorios fueron parciales.

Durante la primera administración del presidente Caldera, Shell construyó el complejo de desulfuración de la refinería de Cardón y, junto con la CVP, puso en operación la nueva planta de reinyección de gas Lagogas II, en tanto que Chevron inauguró una planta de fraccionamiento de gases líquidos del petróleo (GLP) en la refinería de Bajo Grande. Por su parte, el Congreso Nacional aprobó los términos de contratación de los primeros contratos de servicio para cinco bloques del sur del Lago de Maracaibo. Mobil logró un descubrimiento en el campo de crudo extra – liviano Aguasay (Monagas) y procedió a perforar en Campo Centro (Zulia), el primer pozo de acuerdo con su contrato de servicio. Phillips realizó un programa de recuperación secundaria en el campo Morichal (Monagas), mientras que Occidental halló un campo nuevo y otro de condensados en su primera perforación al sur del Lago de Maracaibo (Campo Lamar), dentro de su propio contrato de servicio y Shell registró la empresa Shell – Surca para operar el suyo.

PRIMEROS RETOS: GOBERNANZA, PLANIFICACIÓN, FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL

Creemos que fueron fundamentalmente cuatro los principales desafíos que debió afrontar la recién creada compañía estatal PDVSA, desde el día uno. El primero de ellos fue contar con una gobernanza o estructura de gobierno corporativo que no sólo respondiera a la necesidad de coordinar las actividades de sus empresas filiales operadoras, sino liderar y dirigir una industria cuyas directrices provenían antes de casas matrices ubicadas en otras partes del mundo. Afortunadamente, el directorio fundacional de PDVSA comenzó a actuar cuatro meses antes del traspaso oficial de operaciones, el 1ro de enero de 1976.

No había y ni podía haber una visión de conjunto de la nueva corporación y esta debió desarrollarla a partir de un archipiélago de catorce (14) empresas filiales (Lagoven, Maraven, Deltaven, Menegrande, CVP, etc.), que pronto fueron consolidadas en cuatro (Lagoven – exExxon, Maraven – exShell, Corpoven – exMobil, Texaco y CVP, entre otras, y Meneven – exMenegrande), y poco después en las primeras tres operadoras. Durante el período concesionario, aquellas respondían a la planificación y dirección estratégica y operativa de sus respectivas casas matrices en Houston, Londres, La Haya o Nueva York. El acierto de la nueva estructura organizacional fue casi inmediato, a pesar de que la nueva entidad superior tenía bajo su supervisión a poderosas compañías que tenían décadas operando conforme a las culturas corporativas arraigadas de las grandes transnacionales de hidrocarburos.

El segundo desafío – y no fue de poca monta – fue organizar un equipo de profesionales en planificación estratégica que formulara los planes de negocio para el conjunto de la corporación, máxime cuando en los años ochenta se inició el proceso de internacionalización (integración vertical) con la adquisición de sistemas de refinación, distribución y mercadeo en los mercados de consumo en países desarrollados, fundamentalmente, Norteamérica y Europa, y, en los años 90, se activó la estrategia de Apertura Petrolera. La creación de las coordinaciones por actividad fue un gran acierto de la nueva estructura organizacional que se dio a sí misma la casa matriz (Planificación estratégica, Exploración y Producción, Refinación, Comercio Internacional y Suministro, Mercado Interno, etc.).

El tercero de los retos fue el de constituir equipos de profesionales especializados en planificación estratégica y coordinación integral de suministro, optimizando las dietas de refinería, garantizando el suministro eficiente de combustibles al mercado interno y desarrollando una estrategia de comercialización internacional que procuró en aquellos primeros años privilegiar la venta a sistemas de refinación establecidos en los mercados de consumo y a consumidores finales y a la vez asegurar mediante contratos a plazo el acceso a mercados para nuestros petróleos crudos y productos refinados, especialmente los pesados y extrapesados, los cuales componían – y componen – el grueso de nuestras reservas de hidrocarburos. Las estrategias de fijación de precios de exportación, en consonancia con los precios establecidos por la OPEP, fue función esencial de dichos equipos.

Las empresas transnacionales también realizaban el mercadeo internacional del petróleo venezolano desde sus casas matrices, a excepción Shell de Venezuela, que si comenzó a formar especialistas en este ramo (el autor de este artículo formó parte de la primera generación de profesionales entrenados en el área de comercio internacional y planificación estratégica, tanto en PDVSA como en sus filiales Lagoven, Maraven y Corpoven).

El cuarto reto lo representó la necesidad de formar equipos profesionales en el área de las finanzas corporativas, debido, igualmente, a que las estrategias de financiación eran gestionadas desde las casas matrices y los equipos venezolanos o extranjeros de las trasnacionales estaban dedicados más a la administración financiera interna. Fue así como PDVSA y las tres filiales operadoras fueron preparando profesionales capaces de formular planes de finanzas corporativas y proyectos de inversión, incluyendo la salida a los mercados internacionales de capital, la emisión de títulos valores en esos mercados, la negociación de convenios de financiación internacional, las relaciones con la banca corporativa global y el financiamiento de mega – proyectos, como los negociados para el desarrollo y construcción de las cuatro asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco y sus mejoradores (convenios de asociación conforme al artículo 5to. de la Ley de Nacionalización: Cerro Negro, Sincor, Petrozuata y Ameriven).

LOGROS PRINCIPALES DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONALIZADA 

Es necesario señalar que una empresa petrolera estatal, como PDVSA, no tiene la flexibilidad corporativa para actuar como una corporación privada, cotizada o no en las bolsas de valores del mundo. Estas últimas, no obstante, están sometidas a un riguroso control, no sólo de sus Estados de origen, por medio de leyes e instituciones regulatorias, sino por sus miles de accionistas, bancos de inversión y comerciales, mercados de capital, organizaciones no gubernamentales de ambientalistas, contratistas, consumidores, medios de comunicación y la opinión pública en general. Este control social se ha acrecentado a lo largo de décadas, sin restarles necesariamente la flexibilidad ni la autonomía para planificar y ejecutar sus planes de negocios, reclutar y entrenar sus recursos humanos, generar dividendos para sus accionistas, innovar e introducir nuevas tecnologías, optimizar sus procesos productivos, aplicar criterios de eficiencia en sus estructuras de costos y gastos, maximizar su rentabilidad y crear valor para la economía y la sociedad.

Una empresa estatal tiene limitaciones para operar enteramente como una empresa privada, porque su accionista es el Estado y por medio de éste se redistribuye o retribuye a la sociedad el fruto de su producción por medio de impuestos, regalías y contribuciones parafiscales. Este hecho es particularmente pertinente para las compañías estatales de hidrocarburos por la elevada renta que estas generan. En la industria se les conoce como compañías petroleras nacionales (National Oil Companis – NOCs).

Pero el Estado como accionista debe velar también por su solidez y sostenibilidad financieras, su productividad competitiva y su talento humano, sin descapitalizarla con una presión tributaria que puede llegar a ser confiscatoria, al despojarla de un flujo de caja positivo que le permita, luego de cancelar impuestos y regalías y cubrir sus costos y gastos (OPEX), acometer las inversiones en capital fijo (CAPEX) que requiera para mantener e incrementar su capacidad de producción, mejorar continuamente su rendimientos y sus resultados operacionales y financieros, brindar mantenimiento debido a sus infraestructuras y continuar contribuyendo al crecimiento y desarrollo sostenible de la nación a la cual pertenece.

Los principios precitados fueron los que prevalecieron desde que la industria pasó s ser estatal. Hubo, en términos generales, un razonable equilibrio entre el Estado, siempre urgido de ingresos fiscales, y PDVSA, necesitada de un flujo de caja positivo para ejecutar sus planes de inversión, a excepción de la desacertada decisión del entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, de confiscar el fondo de inversión de la casa matriz, el cual ascendía a alrededor de US$ 7.000 millones a principios de los años ochenta (unos cuatro veces más hoy).

Esos principios de sana administración financiera permitieron a PDVSA cumplir con sus obligaciones con el Estado y a su vez desarrollar sus planes de negocio y crear valor para la economía venezolana, sin comprometer su capacidad de producción, ni endeudarla excesivamente. Dentro de ese nunca fácil equilibrio entre el Estado y su empresa estatal, podríamos citar los siguientes hitos o logros del sector petrolero nacional conforme a los lineamientos de política petrolera dictados por el entonces Ministerio de Energía y Minas, y ejecutados por la casa matriz y sus empresas filiales, a saber:

La inversión en exploración y producción con miras a incrementar la capacidad extractiva de petróleo crudo y gas natural.
El desarrollo de nuevas áreas de producción, como el campo gigante de El Furrial en el Estado Monagas.
Los cambios en los patrones de refinación de las refinerías nacionales, especialmente, las de Amuay y Cardón, al incorporar instalaciones de mayor sofisticación tecnológica y unidades de conversión profunda, generando productos refinados de mayor valor y disminuyendo aquellos de menor valor como los combustibles residuales.
La consolidación del Instituto Venezolano de Investigaciones Tecnológica (INTEVEP) como órgano central de investigación y desarrollo, logrando más de mil patentes internacionales.
El descubrimiento de campos gigantes de gas natural costa afuera en el norte de Paria (Proyecto Critóbal Colón, más tarde rebautizado Mariscal Sucre).
El desarrollo y monetización de las reservas de la Faja del Orinoco, con la construcción de cuatro asociaciones estratégicas y sus respectivas estructuras de producción y mejoradores.
La formación de especialistas y negociadores en las áreas de planificación estratégica, comercio internacional y finanzas corporativas.
La asociación con empresas petroleras internacionales y nacionales privadas en los convenios de servicios operativos, asociaciones estratégicas y convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas, las cuales aportaron más de US$ 25 mil millones de dólares para un incremento en la producción nacional de alrededor de 1,2 millones de barriles diarios y un ingente volumen de gas natural asociado.
Las externalidades positivas aportadas por los socios internacionales en materia de transferencia de tecnologías y destrezas técnicas y gerenciales, formación de talento humano venezolano, optimización y eficiencia de procesos, mejores prácticas de higiene, seguridad y ambiente, e inversión y responsabilidad social. Estas empresas socias de PDVSA se agrupan en la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos – AVHI, fundada en 2003.
La formación de capital nacional desarrollada por las empresas de servicios pertenecientes a la Cámara Petrolera de Venezuela – CPV, la cual, junto con la AVHI y la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas – AVPG, integran el contingente de empresas que, junto con PDVSA, constituyen el capital social de la industria venezolana de los hidrocarburos.

LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS: HACIA LA VALORACIÓN PETROQUÍMICA 

El contexto geopolítico, económico, social y tecnológico internacional se ha transformado profundamente en comparación con el existente hace medio siglo. Si bien la nacionalización petrolera fue positiva para Venezuela en el contexto histórico de 1975, los desafíos de la energía y los hidrocarburos en las décadas por venir son enormes y de características totalmente distintas.

La III y la IV Revolución Industrial y la Inteligencia Artificial nos imponen repensar nuestro modelo de desarrollo, el cual no puede seguir siendo rentístico, ni estatista, ni fiscalista en la era de la sociedad del conocimiento, la robótica, el internet de las cosas y los centros de data. El extractivismo rentístico que se insertó como una bacteria en las instituciones del Estado y en la sociedad civil venezolana durante las bonanzas petroleras de las últimas cinco décadas, nos condena al subdesarrollo perpetuo, al impedirnos superar la Maldición de los Recursos y la Enfermedad Holandesa. La transición energética y la descarbonización mundial debe conducirnos a un modelo de desarrollo despojado del Petro – Estado y de nuestra conducta colectiva de caza – rentistas.

Los factores que hicieron exitosa la nacionalización en 1975 nos aportan los elementos de la reactivación sostenible de nuestras industrias energéticas dentro de un equilibrio sano entre el desarrollo de la economía petrolera y la no petrolera: seguridad jurídica; marco regulatorio estable y atractivo; modelo de negocios equitativo para el Estado y el sector empresarial privado; gerencia profesional y talento humano; socios trasparentes y tecnológicamente aptos; tributación competitiva; rentabilidad razonable; productividad acorde con las mejores prácticas internacionales; altos estándares de higiene, seguridad y ambiente; inversión social y responsabilidad social corporativa y, sobre todo ello: creciente valor agregado del petróleo y el gas en usos no energéticos, como la industria química y petroquímica.

Venezuela indemnizó a transnacionales con más de US$5.600 millones por nacionalización petrolera – Rafael Quiroz Serrano

El proceso de nacionalización de la industria petrolera en Venezuela de 1976 fue un acuerdo transparente de consenso con todas las empresas transnacionales estadounidenses y por eso no pudo ser un robo, como lo afirma el presidente Donald Trump.

Así lo señala el economista petrolero Rafael Quiroz Serrano, quien advierte que Trump está falseando la realidad, “está mintiendo no sé si en forma deliberada o por desconocimiento de la historia del petróleo y de la industria petrolera venezolana”.

Quiroz recordó que como cualquier ciudadano venezolano se siente obligado a salir a desmentir categóricamente las afirmaciones del mandatario estadounidense sobre el hecho histórico que fue la nacionalización petrolera venezolana desde el 1 de enero de 1976, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.

“Debo recordarle al presidente Trump que eso se hizo mediante un proceso de negociación conjunta y de común acuerdo para los efectos del proceso mismo de lo que significó la nacionalización con todas las transnacionales petroleras, incluyendo las 9 o 10 norteamericanas que en ese momento se encontraban en el país”, señaló el economista.

Los hechos históricos

Quiroz dio algunos datos históricos de aquellos hechos, al recordar que se trató de un proceso sumamente cordial; fue de común acuerdo tal nacionalización y arrancó desde el año 1973 en el primer período del presidente Rafael Caldera, cuando se promulgó la ley de Reversión Petrolera.

“Esa fue la primera alerta clara, sincera por parte del Estado y del gobierno venezolanos. En el año 1983, 10 años después, de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 1943, cesarían todas las concesiones a la industria petrolera extranjera. Y eso pavimentó el camino hacia la nacionalización tres años después, es decir, primero enero de 1976”, dijo el también profesor universitario.

Quiroz Serrano precisó que el gobierno de aquel entonces indemnizó los activos que las empresas transnacionales en Venezuela tenían. Esa indemnización fue exactamente de 5.626 millones de dólares que se les pagaron a las transnacionales.

Comentó el hecho de que algunos políticos venezolanos de entonces se opusieron a esta indemnización, alegando que las transnacionales habían permanecido acá por más de 60, 70, 80 años, si se tomaba en cuenta el arribo de la Bermuda’s Company que fue la primera que llegó, y estuvieron sacando el petróleo “y saqueándolo también a sus anchas. De manera que se les pagó hasta el último tornillo que tenían”.

Agregó que después de años con precios del petróleo míseros por debajo de 2 dólares por barril, desde 1974, hubo el boom y ascendieron a precios por encima de los 10 u 11 dólares en algunos casos.

El economista indicó que existe una diferencia en cómo se hicieron las cosas entre lo acordado en la nacionalización de 1973 con el proceso de 2007, (etapa de Hugo Chávez), cuando las empresas petroleras se sometieron al proceso, todas obligatoriamente, y se hizo el viraje de la apertura petrolera o de las inversiones que en petróleo tenían aquí las empresas transnacionales.

Esto se llamó el proceso de cambio a empresas mixtas, y allí no hubo indemnización y por eso fue que Venezuela terminó perdiendo todos los casos de demandas ante los tribunales internacionales, porque no las indemnizó.

Por otra parte, Quiroz dio una explicación sobre la propiedad del petróleo que subyace en territorio venezolano: “No hay petróleo robado como Trump quiere hacer entender, el petróleo de Venezuela es nuestro desde el 24 de octubre de 1829 cuando en Quito, Ecuador, nuestro libertador Simón Bolívar estableció y firmó el decreto del retorno de todas las riquezas naturales que estuvieran en su suelo para la república de Venezuela»

«Ese día le expropió a la corona española lo que nunca le perteneció, simplemente la corona española hizo lo que quiso en sus años de colonialismo impuesto. Podríamos decir que el petróleo ha sido venezolano prácticamente desde entonces por antonomasia”, sentenció.

• Obras consultadas:

Medio Siglo de la Industria Petrolera Venezolana. UCAB.

Economista petrolero Rafael Quiroz Serrano.

Decreto de Nacionalización Petrolera – Carlos Andrés Pérez.