Una vez aprobada la reforma habrá contratos que permitirán que las empresas extranjeras, asociadas con Pdvsa, asuman el control de las operaciones y además se introduce otra modalidad en que compañías foráneas podrán explorar, explotar y vender el petróleo. La regalía —el pago al Estado por el derecho de extracción— se mantiene en 30% del crudo producido, aunque podrá reducirse hasta 20% e incluso 15% en determinados casos.

El proyecto abre la puerta para que las controversias legales puedan resolverse en instancias internacionales, aunque de manera poco clara, al señalar que podrá recurrirse a “mecanismos alternativos” como la “mediación y arbitrajes independientes”.

Es insuficiente

Tras años de mala gerencia, corrupción, estatismo y el impacto de las sanciones de Estados Unidos, la producción petrolera de Venezuela se desplomó y hoy ronda los 900.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que generaba antes de la llegada del chavismo en 1999. Expertos como Francisco Monaldi calculan que elevarla a 4 millones requeriría una inversión de 100.000 millones de dólares y diez años de trabajo continuo.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos atacaron a Venezuela y capturaron a Maduro, quien fue trasladado a una cárcel de Nueva York para ser juzgado por narcotráfico. Delcy Rodríguez asumió el mando en el país.

Ejecutivos de empresas petroleras indican que si bien la reforma de la ley tiene aspectos positivos es insuficiente y destacan que el gobierno interino de Rodríguez sigue siendo el mismo régimen de Maduro y, por tanto, señalado de ilegítimo y de haber perpetrado un fraude electoral en 2024.

José Ignacio Hernández, abogado experto en materia petrolera, resume en un análisis que las modificaciones “no alteran sustancialmente la fragilidad del marco regulatorio actual” y subraya la discrecionalidad del Estado para ajustar la regalía. También advierte la ausencia de “mecanismos de protección de la inversión extranjera”, más allá de la referencia a arbitrajes, y enfatiza que “no contempla ninguna medida para atender la crisis estructural de Pdvsa”.

Expectativas limitadas

Tras la captura de Maduro, Donald Trump afirmó respecto a Venezuela: “Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura deteriorada y comiencen a generar dinero para el país”. Sin embargo, en un encuentro con presidentes de grandes compañías, Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, advirtió que “hoy Venezuela no es invertible”.

Ante la ausencia de un cambio político que otorgue al país un gobierno legítimo y mayores transformaciones, fuentes consultadas consideran que los ajustes en la Ley de Hidrocarburos serán aprovechados sobre todo por empresas medianas y pequeñas, junto a las que siguieron operando mediante licencias otorgadas por Estados Unidos bajo el régimen de sanciones: Chevron, ENI, Repsol y Maurel & Prom.

La semana pasada, en una entrevista concedida a The Wall Street Journal en Davos, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que la caída de Venezuela en los últimos 25 años refleja el colapso del Estado de derecho. Coincidió con Woods en que las grandes compañías, como Exxon, no invertirán de inmediato, mientras que emprendedores pequeños y medianos sí lo harán, al igual que los jugadores que ya están presentes.

En este contexto, firmas como Jefferies estiman que en un plazo de tres a cinco años, Venezuela podría añadir unos 500.000 barriles diarios a su producción, algo que no tendría mayor impacto en el tablero energético global.

La mano de Trump

Tras la operación militar en Venezuela, Estados Unidos adquirió un inusitado control sobre las operaciones petroleras. La administración Trump comenzó a ofertar crudo venezolano a través de comercializadoras como Vitol y Trafigura. Los ingresos se depositan en un fideicomiso y desde allí se envían a Caracas para colocarlos en el mercado cambiario y en dos fondos creados por el gobierno de Delcy Rodríguez.

“No estamos dirigiendo el país, estamos dirigiendo la política; hemos dejado a miembros del gobierno en su lugar y ellos administrarán el país”, declaró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista con el programa Right News Show. Y añadió: “Venderemos el petróleo, quizá algunos otros recursos, y los mantendremos en fideicomiso para beneficio del pueblo venezolano”.

El 26 de enero, Delcy Rodríguez afirmó que “el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas y tengo que responderlas. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo”, sin precisar si se refería a lo dicho por Bessent en Right News Show.

Por ahora, la agenda del gobierno de Rodríguez, más allá de las declaraciones, apunta a cambios económicos orientados a adaptarse a las demandas de la Casa Blanca.