Camacho afirmó que lo que se busca es «el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos», incluyendo los «contratos de participación productiva», donde la empresa operadora, subrayó, «asume la gestión integral a su propio riesgo y costo».

«En este modelo, el Estado no adquiere deudas. La retribución de las operadoras consiste en la participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados», indicó.

Sin embargo, señaló que para lograrlo es necesario contar con «alguna flexibilidad en las regalías» y mencionó la posibilidad de «rebajarlas» con el fin de «atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente».

En tercer lugar, planteó «aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector de los hidrocarburos» como «acudir a mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución».

«Para concluir, este proyecto de reforma es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo de nuestro país», señaló Camacho.