Durante su campaña presidencial, Trump se comprometió a expulsar a millones de inmigrantes sin documentos. Varias de sus órdenes ejecutivas relacionadas con este asunto han enfrentado oposición en los tribunales.

Una corte federal de apelaciones estadounidense dictaminó el martes en contra del uso que Donald Trump hace de una ley de 1798 para deportar a presuntos pandilleros latinoamericanos, impidiendo su aplicación en algunos estados del sur.

El magnate republicano invocó esta antigua ley, utilizada por última vez contra ciudadanos japoneses-estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, para enviar a supuestos miembros del Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La normativa ha enfrentado varias impugnaciones legales.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con una votación de 2 a 1, determinó que Trump no puede basarse en esta ley para deportar migrantes en Texas, Luisiana y Misisipi.

«Concluimos que las pruebas no respaldan que se haya producido una invasión o una incursión hostil», escribió la jueza Leslie Southwick.

Con el apoyo de la magistrada Irma Carrillo Ramírez, se concedió una orden judicial preliminar que bloquea la expulsión de migrantes irregulares.

El juez Andrew Oldham disintió, señalando que la decisión de invocar la ley de enemigos extranjeros dependía de «cuestiones de criterio político».

Desde enero, Trump ha enviado tropas a la frontera y ha impuesto aranceles a México y Canadá por la inmigración ilegal. Además, otra corte bloqueó temporalmente la revocación del TPS para 600.000 venezolanos.