La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes una reunión con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, en La Haya, Países Bajos.

«Consignamos en el caso sobre el bloqueo criminal contra Venezuela (Venezuela II) el estudio publicado en la revista The Lancet que demuestra el impacto en la salud y la vida de los pueblos de las medidas coercitivas unilaterales», informó mediante su canal de Telegram.

Rodríguez explicó que esta investigación, que abarcó 152 países, determinó que más de 564.000 personas, desproporcionadamente menores de cinco años y adultos mayores, mueren todos los años producto de las «sanciones» adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos y otros países de Occidente «para promover la política de ‘cambio de régimen’. Esta cifra es similar a la tasa de mortalidad anual por conflictos armados».

Ante esta situación, añadió que «llamamos la atención del fiscal adjunto sobre la lentitud con que avanza este asunto, iniciado hace más de cinco años como resultado de una remisión realizada por Venezuela».

En otro mensaje, la vicepresidenta indicó que también fue tratado el asunto conocido como «Venezuela I», reafirmando que en el país no se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma.

«En este marco, le ratificamos nuestra disposición de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional», aseveró.

Asimismo, se destacó la actuación responsable y profesional de los organismos de seguridad de Venezuela en la defensa de la paz y la tranquilidad de la nación, así como el resguardo de los derechos de la población.