Una coalición de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración de Trump por una política que prohíbe el uso de subvenciones de seguridad para ofrecer servicios legales a inmigrantes indocumentados.

La demanda critica una reciente restricción del Departamento de Justicia que impide que los fondos federales destinados a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y otros abusos sean utilizados para apoyar a indocumentados. Esta medida, conocida como «costos no admisibles», deja a los estados en una posición incierta sobre qué servicios pueden ofrecer, además de imponerles la carga de verificar el estatus migratorio de los solicitantes.

El fiscal General de California, Rob Bonta, quien participa en la demanda, afirmó que estas políticas hacen que las comunidades sean menos seguras y afectan drásticamente la capacidad de las organizaciones para ayudar a las víctimas.

La demanda incluye a estados como Nueva York, Colorado, Illinois y muchos más, destacando una preocupación compartida sobre la seguridad pública.