Los italianos están llamados a las urnas los días 22 y 23 de marzo para votar a favor o en contra de una polémica reforma constitucional que pretende dar la vuelta al sistema judicial con el argumento de modernizarlo y hacerlo más eficiente, pero que ha provocado una profunda división política e institucional en el país.

La separación de las carreras de jueces y fiscales y la transformación del esquema de gobierno de la magistratura son las medidas más destacadas de una reforma que opositores y críticos interpretan como un ataque a la independencia del poder judicial, con el que el ultraderechista Meloni y su Gobierno mantienen un nutrido historial de desencuentros.

Más allá de los pormenores técnicos de la reforma y de la aparente apatía que suscita entre los italianos de a pie, lo cierto es que la consulta se celebra a un año de las elecciones generales, en un ambiente de enfrentamiento y alta tensión entre izquierdas y derechas y en un contexto de incertidumbre internacional por la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias.

¿Qué se juega Meloni?

Meloni, al frente de una coalición de partidos de centroderecha (su partido Hermanos de Italia, la berlusconiana Forza Italia y la Liga de Matteo Salvini), ha liderado el tercer gobierno más estable de Italia desde 1946 en una legislatura donde no ha tenido grandes sobresaltos ni rivales, hasta el momento: el referéndum de la justicia será un termómetro sobre su liderazgo.

«Creo que su popularidad y su sensación de invencibilidad están en juego», opina en declaraciones a EFE el politólogo italiano Oreste Massari, quien cree que una hipotética victoria del «no» en el referéndum sería un «duro revés para Meloni y la mayoría de la centroderecha» porque reflejaría la pérdida de confianza del electorado.

La primera ministra también ha dejado claro que esta consulta popular no es un plebiscito y que no tiene intención alguna de dimitir si se rechaza su reforma pero, como señala Massari, «ningún líder puede salir indemne de una derrota en un referéndum», recordando el caso de Matteo Renzi, quien dimitió en 2016 tras la derrota de una reforma constitucional que sometió a una consulta popular.

No va a ser el caso de Meloni, pero una eventual derrota de su reforma abre el interrogante de qué consecuencias tendrá para la estabilidad de la coalición de gobierno y si supondrá un punto de inflexión en la legislatura.

«Una victoria del ‘no’ representaría sin duda una dura derrota para la coalición gobernante, que incluso podría adelantar las elecciones generales previstas para 2027, pillando así desprevenida a la coalición de centroizquierda», aventura el politólogo Massari, si bien muchos otros analistas descartan la posibilidad de un adelanto electoral.

Lo cierto es que la oposición italiana también se la juega en este referéndum: un fracaso de la reforma de Meloni no les legitima automáticamente para gobernar. Si por el contrario, gana el «sí» se acentuaría la crisis de liderazgo derivada de la fragmentación de las formaciones de izquierda y de su incapacidad para alcanzar consensos.

Participación y contexto internacional

Un aspecto decisivo será la participación en un referéndum que no requiere de un quórum mínimo para ser válido, es decir que el resultado se decidirá por la mayoría simple de los votos emitidos.

Los sondeos publicados en las últimas semanas por medios de comunicación italianos estiman una horquilla de participación de entre un 40 y un 52 por ciento, por debajo, por ejemplo, de las elecciones generales de 2022 (63,9%).

«El tema del referéndum es altamente técnico y difícil de comprender para la mayoría de los no expertos», destaca Oreste Massari.

Y otra de las incógnitas que planean sobre el referéndum italiano es cómo influirá el contexto de incertidumbre internacional provocado por la guerra en Oriente Medio y la posición de Meloni, aliada de Donald Trump pero que ha reaccionado con mucha cautela ante el conflicto, descartando una intervención e incluso reconociendo que la operación contra Irán ha estado fuera del derecho internacional.