La constitución, lo hemos dicho muchas veces, es el pacto social. Es el acuerdo entre todos los ciudadanos para la convivencia civilizada. Es el marco de referencia para todas nuestras actuaciones. Es el documento jurídico que establece la igualdad: todos somos iguales frente a la ley. Es un documento de una enorme importancia porque él está concebido para la defensa de los ciudadanos frente al estado. La constitución no es para darle más poder al estado. Al contrario. La constitución sirve para establecer límites a la actuación del estado y para impedir la extralimitación de la autoridad pública.

En la constitución se consagran los derechos humanos (muy anteriores y superiores al estado. El estado ha sido creado para resguardarlos), los derechos de los ciudadanos. Y ningún estado, ningún gobierno, tiene derecho a violar esos derechos constitucionales que protegen a los ciudadanos.

La sola existencia de presos políticos es una violación del pacto constitucional. Todos tenemos derecho a disentir y a expresar nuestras opiniones libremente. Todos tenemos derecho a ser sometidos a juicio en libertad. Todos tenemos derecho a lo que se llama “el debido proceso”. A ser considerados inocentes mientras no se demuestre nuestra culpabilidad. Todos tenemos derecho a no ser sometidos a penas infamantes, a vejaciones y maltratos, a incomunicación y aislamiento.

Es indignante ver como gente que siempre luchó, desde las barricadas de la oposición, por la defensa de los derechos humanos, ahora que detentan el poder se conviertan en violadores de aquellos derechos que antes defendieron con ocasión y sin ella.

El caso de nuestro amigo Enrique Márquez es uno entre muchos, pero es un ejemplo bien elocuente de lo que venimos diciendo. El secuestro de Enrique es una injusticia y una violación de sus derechos como ciudadano. Derechos consagrados en la constitución “vigente”.

Estamos en el deber de defender el estado de derecho, la democracia y los derechos consagrados en el texto constitucional.

Enrique, como tantos otros ciudadanos, ha sido secuestrado y aislado. Se le niega el contacto con sus abogados, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de ideales. Se le niega el derecho a la legítima defensa, consagrado en la constitución. Se desconoce la circunstancia de que se trata de un político que siempre ha luchado por el diálogo, por la paz, por la solución pacífica de las diferencias y de los conflictos. Ha sido promotor de los acuerdos y del consenso. Ha sido siempre un defensor de la constitución y de la ruta electoral.

Hablo por Enrique Márquez y por tantos compatriotas que están sometidos al mismo tratamiento o peor todavía.

Podría mencionar también el caso del abogado Perkins Rocha. Víctima de una detención arbitraria y de un aislamiento contrario a derecho, que ya lleva más de 6 meses. Lo que ocurre con Márquez o con Rocha no sólo los afecta a ellos y a sus familias, nos afecta a todos los venezolanos.

Hoy más que nunca debemos reafirmar nuestro compromiso con la democracia, con el respeto a los derechos humanos y con la solución pacífica de nuestra grave y prolongada crisis política e institucional. La liberación de Enrique Márquez, de Perkins Rocha, y de todos los presos políticos es un paso necesario e indispensable para avanzar hacia el entendimiento nacional y la paz que tanto necesitamos.

Más que una reforma a la constitución lo que hace falta es cumplirla y acatarla. Respetarla y obedecerla.

Es un clamor nacional: ¡Liberen a todos los presos políticos! ¡Y háganlo YA!