Una jueza federal detuvo temporalmente este viernes las deportaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados del Gobierno de Donald Trump, respaldando a grupos de derechos civiles que afirmaron que la medida viola el debido proceso legal.

En enero, Trump reactivó la «expulsión inmediata» de inmigrantes, una política que implementó durante su primer mandato (2017-2021), que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan demostrar que han estado en el país durante dos años o más, sin necesidad de una audiencia.

La jueza Jia Cobb, de Washington D. C., emitió un dictamen en el que critica la medida pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump, opinando que «prioriza la rapidez» y «llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado».

La ACLU y la organización Make The Road New York denunciaron la política de deportaciones rápidas y pidieron detenerla, lo que la jueza aceptó. En su dictamen de 48 páginas, afirmó que no cuestiona la constitucionalidad de la política original, sino su reciente expansión.

Cobb señala que «al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso».

La denuncia sostenía que la medida infringe la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho a un debido proceso, así como las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.

Agrega Cobb que, «al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso».

«Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo», apostilla la jueza.