Colombia está expectante ante la lectura este viernes de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal, con una pena que podría oscilar entre cuatro y ocho años de cárcel y que la defensa ya anunció que apelará el próximo 11 de agosto.

La jueza Sandra Liliana Heredia, para quien se ha otorgado protección especial dada la influencia del condenado, hará el anuncio este viernes en una audiencia programada para las 2:00 hora local.

La decisión llega en una semana marcada por las tensiones provocadas por las críticas del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y varios congresistas de ese país al fallo, algo que el presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó de «una intromisión en asuntos judiciales de otro país» y a «la soberanía nacional».

Heredia anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de «un monto superior a cuatro años e inferior a ocho», aunque consideró que Uribe, de quien elogió al comienzo de la lectura del sentido del fallo el lunes su «gallardía y cordialidad», se hace «merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión».

Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares).

Más allá de lo que pase mañana, la defensa del exmandatario anunció que el próximo 11 de agosto apelara la decisión de la jueza ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene plazo hasta el 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia.

«La apelación se hace contra la sentencia, no contra el sentido del fallo. Para eso dispone la defensa de cinco días hábiles, lo que significaría que para el lunes 11 de agosto habría que radicar esa apelación», expresó el martes el líder del equipo de abogados de Uribe, Jaime Granados, a la emisora Blu Radio.

Las críticas contra las decisiones judiciales, formuladas desde el extranjero, en opinión de la Corte Suprema de Justicia, «no solo erosionan la credibilidad y la confianza pública en la Justicia, sino que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de los jueces y magistrados encargados de resolver los casos».