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Familiares de presos políticos exigieron desde el Palacio de Justicia celeridad en la amnistía

Madres, esposas y activistas entregaron solicitudes formales en Caracas y reclamaron celeridad en la liberación de sus parientes. Denunciaron retrasos, exclusiones y contradicciones en la ley aprobada en febrero en la Asamblea Nacional

Familiares de presos políticos protestaron el martes frente al Palacio de Justicia, en Caracas, para solicitar celeridad en la aplicación de la Ley de Amnistía a favor de sus parientes que permanecen detenidos o bajo medidas sustitutivas de libertad.

Los allegados llenaron y consignaron las planillas requeridas con el objetivo de acelerar los trámites y lograr la libertad de quienes siguen bajo custodia. La actividad fue acompañada por miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela.

Durante una rueda de prensa realizada en el lugar, el abogado Joel García pidió a las autoridades revisar de forma exhaustiva la Ley de Amnistía y ejercer mayor supervisión sobre los jueces, a quienes acusó de no aplicar la norma conforme a lo establecido.

Señaló que hasta ahora pocos han recibido el beneficio, lo que reflejaría la falta de claridad en los criterios utilizados.

García advirtió asimismo que el plazo de 15 días contemplado en la ley para otorgar el beneficio difícilmente se cumplirá debido a la falta de recursos y a que, según dijo, los tribunales estarían esperando instrucciones sobre cómo proceder.

También cuestionó que, aunque la norma establece que cubre el período entre 1999 y febrero de 2026, uno de sus artículos delimita 13 hechos políticos en años específicos, lo que dejaría por fuera otros casos, incluidos algunos vinculados con operaciones militares.

La Ley de Amnistía es “débil”

Por su parte, la activista de derechos humanos Sairam Rivas calificó la ley como “débil” y sostuvo que no cumple con los requisitos necesarios para avanzar hacia una reconciliación nacional.

Afirmó que, en lugar de aliviar el conflicto, su aplicación parcial puede generar mayor dolor y revictimización.

Rivas también explicó que los familiares han acudido a distintas instancias del Estado, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, y que ahora recurren nuevamente al sistema judicial para interponer recursos de amnistía.

“En mi caso, fui injustamente detenida en 2014 junto a muchos jóvenes quienes también fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, manifestó la activista.

La activista hizo un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que acompañen a los detenidos y a sus familias en el proceso.

La ONG Foro Penal informó recientemente que verifica el número de liberaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía. Cifró en 568 los presos políticos que, según su registro, hay actualmente en el país.

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