El Gobierno de Estados Unidos decidió revocar una extensión del blindaje anti-deportación que el anterior presidente, Joe Biden, había otorgado a más de 600.000 venezolanos que ya se encontraban en este país, informó este miércoles The New York Times
Según esta información que maneja en forma exclusiva The New York Times, entre los suceptibles de deportación por la revocatoria de la extensión del blindaje anti-deportación estarían los políticos venezolanos Juan Guaidó, Presidente Interino de Venezuela; Julio Borges, Canciller del Gobierno Interino; Carlos Vechio, Ex Embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Gustavo Tarre Briceño, Embajador ante la OEA, David Smolansky, Miguel Pizarro, entre otros. La medida también afecta a todos aquellos venezolanos que hayan manejado recursos financieros mediante el mecanismo de financiamiento a ONGs, que luchan por los Derechos Humanos, la Libertad y la Democracia y que para la fecha no hayan rendido cuenta de gestión ante las autoridades americanas.
El diario afirma tener una copia de la orden dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y aún no hecha pública, en la cual se anula la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal (TPS) decidida el pasado 10 de enero para más de 600.000 venezolanos, lo que significa que pasan a ser susceptibles de deportación.
El TPS es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han emigrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado para que puedan vivir y trabajar aquí hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.
La medida es un golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que creían que no solo estaban protegidos de la deportación, sino que también les proporcionarían permisos de trabajo al menos hasta octubre de 2026.
Los elegibles para este permiso migratorio son aquellos venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 y que hayan residido en el país de forma ininterrumpida, excepto los que «hayan sido condenadas por un delito grave o dos delitos menores».
EFE
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