Desde el 16 de enero arrancó una guerra a muerte entre el ELN y las disidencias de las Farc, dos grupos armados ilegales que llevan medio siglo conviviendo en el Catatumbo, la segunda zona cocalera de Colombia. Tras dos semanas de haberse iniciado esta oleada de violencia, que ha dejado la peor crisis humanitaria de los últimos años, con más de 50.000 desplazados, aún no se ve una la luz al final del túnel, por el contrario, a medida que pasan los días la situación se agrava.

Ni siquiera los anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional sobre inversión e intervención o las dos visitas que ha hecho el presidente Gustavo Petro a Tibú y la más reciente a Ocaña, junto con sus ministros, y hasta la supuesta militarización, han servido para calmar el ambiente hostil que hoy se da en esta región de Norte de Santander. “Se podría decir que la mitad del Catatumbo ya está desalojado”, así lo aseguró un líder campesino de esa zona, que por miedo prefirió no dar su nombre.

El pasado lunes, en la instalación del Consejo de Ministros en el Catatumbo, el presidente Petro aseguró que la expedición de decretos en el marco de la Conmoción Interior era para financiar operaciones militares, transformar la economía del territorio y promover la paz en esta región, pero hasta el momento, líderes comunales y campesinos, indican que eso no se ha visto