En el mar Caribe, se encuentran los restos de al menos 17 personas que perdieron la vida este mes a manos de fuerzas militares estadounidenses bajo la orden del presidente Donald Trump. Iban en tres lanchas rápidas que, según el gobierno, transportaban drogas y contrabandistas de Venezuela.

Aunque el gobierno sostiene esto, no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones. Incluso si las acusaciones fueran ciertas, destruir embarcaciones es un uso ilegal de la fuerza letal.

En redes sociales, Trump afirmó que los pasajeros no solo eran narcotraficantes, sino “narcoterroristas” vinculados a una banda criminal bajo el control de Nicolás Maduro. Argumentó que la acción militar era necesaria para la autodefensa, ya que los cárteles “ponen en riesgo nuestra seguridad nacional”. Sin embargo, la justificación de autodefensa parece débil, ya que se reporta que la primera lancha se desvió de su ruta a EE. UU. antes de ser atacada.

Trump ha ordenado la ejecución de personas que no están en guerra con Estados Unidos y que podrían no haber estado cometiendo el delito del que se les acusa, lo que plantea serias preocupaciones sobre el debido proceso legal. Esto es incluso más extremo que su política de enviar migrantes a prisiones en El Salvador basadas en afirmaciones dudosas.

El tráfico de drogas es un problema serio y el abuso de opioides ha causado más de 800,000 muertes en EE. UU. en el siglo XXI. Es razonable que el gobierno aumente la aplicación de la ley, pero debe hacerse legalmente, no mediante asesinatos basados en sospechas no comprobadas.

Tradicionalmente, la Guardia Costera interceptaba embarcaciones y procesaba a los tripulantes, dándoles la oportunidad de defenderse. La ley federal establece que solo la Guardia Costera puede realizar operaciones policiales en alta mar, no la Marina ni otras fuerzas militares.

El gobierno ha intentado justificar sus acciones diciendo que los cárteles son organizaciones terroristas, lo que permite al ejército actuar bajo autorizaciones de guerra, pero solo contra quienes estén conectados a los ataques del 11 de septiembre. Además, las agencias de inteligencia han desmentido que Maduro controle al Tren de Aragua.

Senadores demócratas han propuesto una resolución para detener ataques armados no autorizados por el Congreso, pero los líderes republicanos parecen indiferentes ante la expansión del poder presidencial. Actualmente, están considerando un proyecto de ley que le daría a Trump la autoridad para librar guerra contra cualquier narcotraficante que considere terrorista.