Según autoridades estadounidenses, Venezuela había utilizado una “flota fantasma” con banderas falsificadas para introducir crudo ilícito en las cadenas de suministro globales

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio un paso definitivo para formalizar la incautación del superpetrolero Skipper y su cargamento de aproximadamente dos millones de barriles de crudo. Esta acción legal, presentada ante el Tribunal del Distrito de Columbia, busca la confiscación permanente tanto del buque como del petróleo, marcando un hito en la estrategia de la administración de Donald Trump.

La demanda sostiene que el Skipper formaba parte de una sofisticada «flota fantasma» que utilizaba banderas falsificadas y manipulaba sus sistemas de ubicación para evadir sanciones internacionales. Según las investigaciones, estas operaciones tenían como objetivo principal comercializar crudo ilícito para beneficiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sostener la estructura económica que rodeaba a Nicolás Maduro antes de su captura.

La Secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló que esta medida representa el fin de la era del financiamiento secreto a naciones que amenazan la seguridad estadounidense. El buque se interceptó tras un seguimiento que se extendió hasta el océano Índico, evidenciando la capacidad de las fuerzas estadounidenses para monitorear transferencias de barco a barco en aguas internacionales.

La denuncia alega que la embarcación enarbolaba banderas falsificadas para ocultar que el crudo provenía de fuentes sancionadas en Irán y Venezuela. De prosperar la demanda, el gobierno de EE UU podrá proceder con la venta del petróleo incautado, asegurando que los ingresos no retornen a las estructuras de poder del antiguo gobierno venezolano.

Control total sobre el crudo venezolano

Este movimiento jurídico es el primero de su tipo tras la captura y traslado de Maduro a Nueva York bajo cargos de narcotráfico. Con la administración Trump supervisando ahora la producción y refinación en suelo venezolano, la confiscación del Skipper envía un mensaje claro a las navieras internacionales: cualquier intento de desafiar el embargo petrolero será procesado bajo todo el peso de la ley estadounidense.

Mientras el Departamento de Justicia avanza en los tribunales, Estados Unidos comenzó a emitir licencias para que empresas extranjeras reactiven la industria petrolera en Venezuela, buscando una transición hacia un mercado transparente y regulado bajo la supervisión de Washington.

La denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia solicita la confiscación permanente del Skipper y su carga, lo que permitiría la eventual venta del petróleo.