El diputado de Argentina Yamil Santoro presentó una denuncia ante la Justicia de ese país para investigar el posible financiamiento de influencers con fondos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. La solicitud incluyó la solicitud de congelación de cuentas bancarias y una pesquisa sobre un presunto esquema de lavado de activos.

Según la denuncia, los fondos que habrían cubierto los costos del viaje y la estadía de los influencers en Venezuela podrían provenir de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, lo que implicaría una posible violación del artículo 303 del Código Penal argentino. Así lo reseñó el medio digital Monitoreamos.

El documento menciona el caso de Omar Suárez, conocido como Michelo, un promotor del régimen chavista previamente denunciado por Santoro por apología del crimen e incitación a la violencia. Suárez ha participado en actividades proselitistas en Caracas en respaldo al régimen de Maduro.

Entre las pruebas presentadas figuran publicaciones en redes sociales donde los influencers apoyaron la reciente juramentación de Maduro, a pesar de haber sido derrotado en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Además, el líder socialista enfrenta denuncias por crímenes de lesa humanidad y una orden de captura internacional.

El legislador, junto con los abogados José Magioncalda, Ignacio Falcón y Manuel Gorostiaga, sostuvo que el viaje, cuyo costo estiman en más de 72.000 dólares, lo financió la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el propio Maduro. La invitación estaría firmada por Grecia Colmenares, ministra de Juventud de Venezuela.

Dado que la mayoría de los bancos venezolanos se encuentran sancionados por la OFAC, la denuncia solicita cooperación internacional para aclarar el origen de los fondos y los posibles objetivos detrás de este financiamiento. Los denunciantes también pidieron que se indague sobre eventuales vínculos con redes de narcotráfico y terrorismo, dado el historial de acusaciones contra Maduro y su entorno.

Santoro señaló que, de confirmarse las sospechas, se trataría de un caso grave de lavado de activos. Advirtió además que este tipo de maniobras podrían formar parte de una estrategia del régimen venezolano para influir en la opinión pública mediante figuras de bajo perfil.